Esta semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó una importante sentencia que obligará a Google a partir de ahora a eliminar los datos personales de aquellos que consideren vulnerada su privacidad. Esto resuelve la demanda iniciada por un ciudadano español que pidió al conocido buscador que eliminara datos comprometidos indexados en el buscador desde hace 16 años.
El origen de la demanda
En 1998, un perito calígrafo de origen gallego llamado Mario Costeja publicó en un periódico nacional anuncios sobre la subasta de una vivienda embargada por la Seguridad Social. Dichos datos quedaron registrados en Internet hasta la actualidad, considerando que podrían vulnerar de alguna forma su reputación al estar relacionada con su divorcio, aunque posteriormente se liquidara aquella deuda. Tras la negativa de retirada por parte del periódico, en 2011 recurrió a la Agencia Española de Protección de Datos para demandar a Google.
Tras su paso por la Audiencia Nacional y la negativa por parte de Google, la demanda fue elevada hasta el Tibunal de Justicia de la Unión Europea, que contra todo pronóstico ha dictaminado que a partir de ahora cualquier usuario podrá solicitar directamente al buscador que elimine de sus búsquedas el contenido que les involucre y afecte de forma negativa.
¿Qué podemos hacer para eliminar nuestros datos?
Hay que dejar clara una cosa. Google no hospeda el contenido que nos involucra, simplemente lo indexa en su buscador, de modo que aunque ya no aparezca nuestro nombre en sus servicios, la URL que alberga dicha información seguirá estando vigente y dependerá del propietario del lugar donde se albergue. Ya hemos hablado anteriormente de la imposibilidad que acarrea el intentar censurar la inmensidad de la red tal y como han demostrado países en conflicto con su sistema político y el intento de manipulación de Internet por parte de este.
Aunque el caso de Mario Costeja no se atiene a esta tónica, la mayoría de información perjudicial o comprometida que queda diseminada por la red puede haberse producido por nuestra culpa al compartir contenidos de forma indiscriminada por la red. Sea como fuere, la última palabra la tiene la autoridad competente. En el caso de España, al tener Google oficinas en el país, está obligada cumplir las normativas nacionales, en este caso las de la mencionada Agencia Española de Protección de Datos. Aunque se trata de una entidad pública no relacionada con la administración, no queda claro quién juzgará lo que puede ser o no censurado.
¿Qué consecuencias ha traído la sentencia?
Ahora viene lo verdaderamente preocupante, pues no han tardado en surgir los primeros usuarios que quieren deshacerse de su historial. Según la BBC ya se han dirigido a Google un acosador infantil que quiere que desaparezca su implicación y sentencia por abusos de Internet, un político que quiere borrar el rastro de una mala administración y un médico que quiere eliminar los comentarios negativos de algunos de sus pacientes.
Ahora bien, ¿estamos hablando realmente de información privada o de un historial que quiere ser enterrado? No tiene ninguna validez o sentido el hecho de tener la potestad de borrar los restos de nuestro pasado cuando en algún momento han sido de dominio público, del mismo modo que uno no puede rectificar errores del pasado. El verdadero problema llegará cuando las peticiones se realicen de forma masiva y no le quede más remedio a Google que, o bien dar por válida cualquier solicitud o derivar dichas solicitudes a la autoridad local competente.
